La reforma de la Administración en España Por Juan Alcázar

Con el nombre de CORA se ha emprendido en España una reforma de la Administración española de enorme calado. Sus medidas, más de 200, han sido analizadas en distintos foros internacionales y por la propia OCDE que la ha calificado como uno de los procesos de reforma más ambiciosos del mundo.

El objetivo de este post es describir a grandes rasgos el dinámico proceso emprendido con esta iniciativa, concebida por la Administración para la Administración, pero situando al ciudadano en el centro de la misma. El ciudadano es considerado cliente de los servicios públicos y propietario de los recursos, no administrado. Por ello, el principio de autoridad se sustituye por los principios de eficiencia, y transparencia y rendición de cuentas para todas las Administraciones y trabajadores públicos.

Como en otros países, la reforma de la Administración en España surgió en un contexto de consolidación fiscal y de restricción presupuestaria, pero la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la CORA, no nació con un objetivo concreto de reducción de gasto, al margen de la estimación de los ahorros que sus propuestas podrían comportar.

La CORA no es una reforma enfocada exclusivamente a conseguir  ahorros, sino una transformación estructural para modernizar la Administración, hacerla más competitiva y eficiente.

Desde un primer momento, se consideró que nadie mejor que los propios  empleados públicos para abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas. Porque son los que conocen las peculiaridades de la Administración y lo que de verdad no funciona en cada ministerio, secretaría de Estado o subdirección, las carencias diarias y también qué y cómo se puede mejorar.

Saben que los servicios públicos no se prestan de la forma más eficiente y al menor coste posible, que contratando por separado se pierden economías de escala, que existen solapamientos y duplicidades, no ya con las con las Comunidades Autónomas (que también) sino incluso entre subdirecciones de un mismo ministerio.

Pero el ejercicio no ha sido endogámico. No solo se han recogido las quejas y sugerencias de todos los ministerios. Se creó un Consejo Asesor, con representantes de todos los sectores de la sociedad civil, y se abrió un Buzón de sugerencias de los ciudadanos. También se han examinado las reformas de otros países para elaborar diferentes propuestas.

En el informe se recogen medidas que solucionan problemas concretos. De sobra es conocida la falta de coordinación entre los organismos de control en las operaciones de importación y exportación, las posibilidades de ahorro que pueden surgir con la optimización de saldos de las miles de cuentas corrientes que existen en la AGE o las duplicidades existentes entre distintas Administraciones en relación con las ayudas al emprendimiento o a la internacionalización. El informe de la CORA contiene medidas específicas para resolver estos problemas, con las modificaciones legales necesarias y un plazo concreto de ejecución.

Junto a éstas, el informe contiene también propuestas de amplio alcance, que afectan a todas las Administraciones y que suponen un auténtico cambio cultural.

Por ejemplo, la implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia de los trabajadores públicos. El Estatuto Básico del Empleado Público ya lo prevé, pero nunca fue desarrollado. Se han estudiado los sistemas que existían en algunas dependencias y se están llevando a cabo pruebas en algunos organismos para establecer un sistema sencillo, objetivo y comparable. Se trata de una medida fundamental para conocer las necesidades reales de personal de los distintos departamentos e implantar definitivamente un sistema de recursos humanos acorde a nuestro tiempo. Además, este proyecto permitirá impulsar la movilidad de los trabajadores públicos, incluso entre las distintas administraciones territoriales. Los datos demuestran que en España no hay más trabajadores públicos que en otros países, pero tenemos que asegurarnos de que están en los puestos donde más necesarios son.

Se avanza también en la reforma de la Ley 30/1992, que volverá a convertirse en dos textos legales. Uno regulará e integrará todo el procedimiento administrativo, que se revisará y simplificará para, manteniendo la seguridad jurídica, aprovechar las nuevas tecnologías. El otro regulará el régimen jurídico de las Administraciones estableciendo un sistema de revisión periódica de todas las entidades, de sus objetivos, estructura y resultados, determinado su disolución automática cuando su existencia no esté justificada.

Por último, 2014 será el año en el que se empezarán a tramitar los grandes concursos centralizados para la adquisición de distintos bienes y servicios, como las telecomunicaciones, seguridad, energía, limpieza, etc., iniciando un proceso hacia la eficiencia y la profesionalización en la contratación. A medida que vayan venciendo los contratos, más organismos se irán adhiriendo a estos mecanismos y mayores serán los ahorros.

Todo el mundo considera que la Administración debe reformarse. Lo demandan los ciudadanos y lo exige el propio funcionamiento del sector público, que, tras 30 años, requiere una profunda renovación. La CORA ha planteado un proyecto ambicioso, pero realista, que se aleja de disquisiciones teóricas y grandes líneas programáticas y cuyo fundamento es  el pragmatismo, el trabajo concienzudo, el sentido común y la voluntad de resolver los problemas concretos de los ciudadanos. Es una revolución silenciosa pero verdaderamente transformadora.

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